Hay una crueldad particular en las crisis alimentarias que no nacen de la sequía ni de la plaga sino de la geopolítica. En esas crisis, el hambre no llega como consecuencia de la naturaleza sino de decisiones tomadas por hombres poderosos en capitales distantes, decisiones que nunca contemplaron entre sus variables el precio del pan en Bamako, en Karachi o en Jartum. La guerra contra Irán es, en este sentido, un caso de manual: un conflicto cuyas consecuencias humanitarias más graves se sentirán no en el campo de batalla sino en los mercados de commodities, en las rutas logísticas y en las cocinas de los países que menos tuvieron que ver con él.
El estrecho de Ormuz no es solo un dato en un mapa militar. Es la arteria por la que circula aproximadamente un quinto del petróleo mundial y una porción sustancial del gas natural licuado que abastece a Asia y Europa. Su interrupción no encarece únicamente la energía: encarece todo lo que depende de ella, que en la agricultura moderna es prácticamente todo. Los fertilizantes nitrogenados se sintetizan a partir del gas natural. Los tractores, las bombas de irrigación, el transporte de granos y la cadena de frío de los alimentos funcionan con combustible. Cuando el precio de la energía se dispara, el costo de producir y distribuir alimentos escala con él, y los primeros en quedar fuera del alcance del mercado son siempre los mismos: los países más pobres, los más endeudados, los que carecen de reservas para absorber el golpe.
El impacto ya es visible y se extiende en capas. Iraq, que depende del comercio fronterizo con Irán para abastecer a parte de su población, enfrenta disrupciones severas en sus cadenas de suministro internas. Afganistán y Yemen, economías en estado de colapso permanente, ven cómo los márgenes que sostenían su precario equilibrio alimentario se evaporan. En el África subsahariana, varios países que importan granos del corredor del Mar Negro y del Golfo Pérsico asisten impotentes al encarecimiento simultáneo del trigo, el arroz y los aceites vegetales. El Programa Mundial de Alimentos ya advirtió que sus operaciones logísticas en múltiples regiones están comprometidas: el combustible necesario para mover la ayuda humanitaria cuesta más de lo que los presupuestos actuales pueden sostener.
Pero el problema más profundo no es de oferta sino de capacidad de pago. Muchos de los países más expuestos a esta crisis llegaron a ella ya fragilizados: reservas internacionales mínimas, deudas soberanas elevadas, monedas depreciadas frente al dólar durante años consecutivos de tasas de interés altas. Para estos gobiernos, importar alimentos a precios de guerra no es una cuestión de voluntad política sino de aritmética imposible. Cuando un Estado debe elegir entre servir su deuda externa y subsidiar el precio del pan, la estabilidad social se convierte en la primera víctima. Y la inestabilidad social, en países con instituciones frágiles, tiene una manera conocida de convertirse en algo peor.
Los mecanismos de alerta temprana de Naciones Unidas están encendidos. Las proyecciones de los organismos especializados son inequívocas. Lo que falta no es información sino decisión política.
Esa decisión debe operar en varios frentes de manera simultánea. Los países del G7 y las instituciones financieras multilaterales, empezando por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, deben habilitar líneas de crédito de emergencia que permitan a los países más vulnerables seguir importando alimentos sin desfinanciar la salud, la educación o el servicio de la deuda. El Programa Mundial de Alimentos necesita recursos adicionales urgentes, no promesas para la próxima conferencia de donantes. Los grandes exportadores de granos, en particular Estados Unidos, Brasil y Australia, deben comprometerse públicamente a no imponer restricciones a sus exportaciones en un momento en que la escasez global ya presiona los precios al alza: esa tentación proteccionista, históricamente recurrente en momentos de crisis, tiene el potencial de transformar una emergencia manejable en una catástrofe.
Hay también una dimensión política que sería deshonesto soslayar. La guerra contra Irán fue decidida sin consultar a los aliados y sin una evaluación seria de sus consecuencias humanitarias a escala global. Esa omisión tiene un costo concreto, y ese costo lo pagarán, con creces, quienes no tuvieron ningún papel en la decisión. La comunidad internacional tiene el derecho y la responsabilidad de exigir que los efectos colaterales del conflicto sean parte de cualquier negociación sobre su desenlace. Un acuerdo que incluya compromisos sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y la estabilización de los mercados energéticos no es solo una demanda geopolítica: es una condición humanitaria mínima.
