Durante casi una década, la desconfianza hacia la globalización fue uno de los motores más potentes de la política estadounidense. El cierre de fábricas, la competencia china y la pérdida de empleo industrial en el Medio Oeste alimentaron un consenso proteccionista que atravesó a ambos partidos. Hoy, sin embargo, los datos de opinión pública sugieren que ese impulso empieza a chocar contra un límite concreto: el precio que los hogares están pagando por los aranceles.
Según el último relevamiento de AP-NORC, el 64% de los adultos estadounidenses considera que el presidente fue demasiado lejos con la imposición de nuevos aranceles, seis puntos más que en enero. El mismo estudio indica que el 65% atribuye la persistencia de los costos altos a las políticas del gobierno antes que a factores externos, un nivel de responsabilización superior al que enfrentó su antecesor en el pico inflacionario de 2022.
El desgaste llega a la base oficialista
El dato más significativo no está en el rechazo opositor, previsible, sino en el cambio dentro del electorado republicano. De acuerdo con Pew Research, la proporción de republicanos que espera un impacto mayormente positivo de los aranceles sobre el país cayó del 52% en agosto de 2025 al 40% en octubre de este año. En el conjunto de la población, esa expectativa favorable bajó del 26% al 20%.
Un sondeo del Economic Innovation Group entre trabajadores en actividad registró una tendencia similar: el respaldo a la política arancelaria pasó del 43% al 34% en poco más de un año. A su vez, una encuesta del Greenberg Center for Geoeconomics del Council on Foreign Relations encontró que tres de cada cuatro estadounidenses se declaran preocupados por poder costear alimentos, y que entre ellos la amplia mayoría vincula los aranceles con el encarecimiento de esos productos.
El componente electoral es directo. Un estudio del Cato Institute realizado en agosto entre más de 4.000 votantes registrados mostró que el 75% considera que la política arancelaria pesará en su decisión en las legislativas, y que el 70% cree que el presidente debería requerir aprobación del Congreso antes de imponer gravámenes a las importaciones.
El freno institucional y la respuesta de la Casa Blanca
El malestar social coincidió con un límite judicial. En febrero, la Corte Suprema resolvió por seis votos contra tres que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no habilita al presidente a fijar aranceles. El fallo invalidó los gravámenes recíprocos y los aplicados a China, Canadá y México bajo esa norma, que representaban cerca del 60% del esquema arancelario vigente y habían recaudado unos 130.000 millones de dólares hasta diciembre. Las encuestas posteriores mostraron que seis de cada diez estadounidenses aprobaron la decisión.
Lejos de replegarse, la administración reorientó su estrategia hacia otras herramientas legales. El mismo día del fallo anunció un arancel global del 10% bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mientras se mantienen los gravámenes sobre acero y aluminio sustentados en la Sección 232 y las medidas de la Sección 301. En las últimas semanas, el presidente reiteró su convicción de que la política arancelaria es un activo político, pese a las advertencias de economistas y al deterioro de su aprobación, que promedia el 37%.
¿Fin de ciclo o cambio de forma?
La lectura de que el populismo antiglobalización alcanzó su techo tiene argumentos, pero también matices. Las metas asociadas al proteccionismo, como la relocalización industrial o la reducción de la dependencia de China, siguen contando con respaldo mayoritario. Lo que se erosiona es la disposición a pagar por ellas: los votantes apoyan los objetivos, pero toleran muy poco costo personal para alcanzarlos. Consultados sobre aranceles orientados a generar empleo en el país, los estadounidenses aparecen prácticamente divididos en partes iguales.
Además, buena parte de las opiniones sobre comercio responden a la identidad partidaria más que a una convicción de fondo. Tanto demócratas como republicanos se muestran más tolerantes cuando el aumento de aranceles proviene de un presidente de su propio partido. Eso sugiere que una porción del rechazo actual es contra la gestión, no necesariamente a favor de una mayor apertura comercial.
El primer termómetro concreto serán las elecciones del 3 de noviembre. Un mal resultado oficialista en distritos agrícolas y sensibles a los precios aumentaría la presión del Congreso para recuperar facultades en materia arancelaria. Si, en cambio, la Casa Blanca conserva su posición, el esquema proteccionista probablemente continúe, apoyado en instrumentos legales alternativos. Para los socios comerciales de Estados Unidos, incluida América Latina, la conclusión es que el humor del votante cambió antes que la política, y que la brecha entre ambos puede tardar en cerrarse.
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