Existe un consenso casi universal sobre la economía china: su modelo de desarrollo perjudica a los consumidores domésticos en beneficio de las exportaciones y la acumulación de capacidad industrial. Es un argumento que circula con comodidad en foros académicos, organismos multilaterales y capitales occidentales. El problema es que la evidencia no lo sustenta.
La tesis central del cuestionamiento al modelo chino sostiene que Pekín suprime el consumo interno para subsidiar la producción orientada a la exportación, transfiriendo riqueza desde los hogares hacia las empresas y el Estado. Desde esta perspectiva, el consumidor chino sería la víctima silenciosa de un mercantilismo deliberado. Es una narrativa ordenada. Y es, en lo esencial, incorrecta.
Los datos cuentan otra historia. El nivel de vida de los consumidores chinos ha crecido a una velocidad sin precedentes históricos. En pocas décadas, cientos de millones de personas abandonaron la pobreza extrema, accedieron a servicios de salud, educación y vivienda, y vieron multiplicarse su poder adquisitivo de maneras que ninguna otra economía ha logrado en un plazo comparable. Si el modelo chino penaliza a sus consumidores, lo hace de una manera extraordinariamente difícil de distinguir del enriquecimiento masivo.
Esto no equivale a absolver el modelo chino de toda crítica. Hay razones legítimas para cuestionar las distorsiones que genera en la economía global: subsidios industriales que deprimen precios internacionales, superávits comerciales persistentes que generan desequilibrios macroeconómicos, y prácticas que complican la competencia para productores de terceros países. Estas son objeciones válidas y merecen un debate serio.
Pero hay una diferencia importante entre criticar a China por el impacto de su modelo sobre la economía mundial y criticarla por lo que ese modelo le hace a su propia población. Lo primero es un argumento con sustento. Lo segundo contradice la evidencia de uno de los procesos de mejora del bienestar más extraordinarios de la historia económica moderna.
El riesgo de mezclar ambos argumentos no es solo analítico: es político. Cuando el diagnóstico es erróneo, las prescripciones suelen serlo también. Exigirle a China que reoriente su economía hacia el consumo interno puede ser una demanda razonable desde el punto de vista de los equilibrios globales. Pero presentarla como una reivindicación de los propios consumidores chinos —quienes, según todos los indicadores disponibles, han sido los grandes beneficiarios del modelo— debilita la credibilidad del argumento y facilita que Pekín lo descarte.
El consenso intelectual sobre China es amplio y persistente. Pero la amplitud de un consenso no garantiza su corrección. En este caso, el acuerdo casi universal sobre el daño que el modelo chino inflige a sus consumidores domésticos descansa sobre una premisa que los datos no confirman. Reconocerlo no implica defender el mercantilismo chino. Implica debatirlo con los argumentos correctos.
