El Gobierno de Perú adjudicó a inicios de 2026 a la empresa Power Construction Corporation of China (POWERCHINA) un contrato de ingeniería, adquisición y construcción por 420 millones de dólares para desarrollar una línea ferroviaria de 120 kilómetros que conectará el puerto de Chancay, en la costa del Pacífico, con las regiones de Junín, Huancavelica y Pasco. El objetivo declarado del proyecto es agilizar el transporte de exportaciones mineras hacia Asia, en particular hacia China, y reforzar la red logística internacional del país, además de mejorar la conectividad territorial dentro del propio Perú.
Analistas consultados advierten, sin embargo, que la creciente presencia de empresas chinas en sectores estratégicos de la economía peruana profundiza la influencia de Pekín sobre infraestructura clave y cadenas de suministro. Entre las compañías chinas con operaciones en el país que se perfilan como principales beneficiarias del nuevo corredor ferroviario figuran Chinalco y la mina Raura.
El trazado Chancay–Sierra Central deberá atravesar la Cordillera de los Andes, lo que implica la construcción de túneles, viaductos y movimientos de tierra a gran escala a cargo de contratistas chinos, según reportó el diario La República. La línea estará orientada principalmente al transporte de carga minera, sobre todo cobre y otros minerales estratégicos extraídos de la sierra central, un tramo que hoy se cubre mayormente por carretera en viajes que pueden superar las 18 horas.
El analista internacional argentino Luis Somoza sostuvo, en declaraciones al medio Diálogo, que esta infraestructura responde a una estrategia más amplia de China para consolidar sus redes comerciales y logísticas en América Latina. Según su lectura, conectar ciudades y puertos latinoamericanos con puertos chinos le permite a Pekín mover mercancías con mayor facilidad y bajo su propio control, evitando regulaciones locales que podrían limitar el flujo de recursos estratégicos como los minerales.
El puerto de Chancay, operado por la estatal china COSCO Shipping, se consolida como un eje logístico central para Sudamérica, pensado para facilitar las rutas comerciales entre la región y Asia. Esa expansión llevó a analistas y responsables políticos a expresar preocupación por la influencia creciente de Pekín sobre los corredores comerciales, las redes logísticas y las cadenas de suministro vinculadas a las exportaciones sudamericanas. La congresista estadounidense María Elvira Salazar describió a Chancay como el puerto chino más grande del hemisferio y planteó dudas sobre un eventual uso dual de la infraestructura, al advertir que el enclave podría llegar a albergar submarinos, portaaviones o buques de guerra chinos en territorio peruano.
Somoza señaló además que las inversiones chinas en infraestructura suelen implicar condiciones desfavorables para los países receptores, como la ausencia de licitaciones abiertas, incrementos significativos de costos y la transferencia de recursos estratégicos a manos extranjeras. Según información difundida en abril por el noticiero peruano Altavoz, la inversión china acumulada en Perú asciende a 29.000 millones de dólares, cifra que ubica al país entre los principales receptores de capital chino en América Latina. Para el analista, los contratos con empresas chinas tienden a priorizar los intereses de Pekín por sobre los de los países anfitriones, que quedan con menores beneficios económicos y mayores riesgos para su soberanía.
«La ambición de Pekín no se limita al control de sectores económicos clave en Perú, sino que también busca extender su influencia en áreas sensibles como la seguridad y la defensa militar en el Cono Sur», concluyó Somoza, quien planteó que las inversiones y la injerencia china exponen a Perú a quedar, de algún modo, bajo la órbita política de Pekín. El ferrocarril Chancay–Sierra Central, sumado a la expansión más amplia de la infraestructura china en el país, confirma la creciente importancia estratégica de los puertos, la logística y las cadenas de suministro de minerales en la región. Las oportunidades económicas y de conectividad que ofrecen estas inversiones conviven, según los especialistas, con interrogantes de fondo sobre la soberanía a largo plazo, el control de infraestructura crítica y el peso geopolítico de China en Sudamérica.
