La relación comercial entre Estados Unidos y Canadá atravesó en las últimas horas uno de sus momentos de mayor tensión en años. Tras casi dos semanas de negociaciones que llegaron a sonar encaminadas hacia un acuerdo, las conversaciones colapsaron y Washington avanzó con aranceles del 50% sobre 20.000 millones en productos canadienses.
El primer ministro Mark Carney calificó la medida como un error de cálculo por parte de la administración Trump y anunció que su país aplicará represalias ‘dólar por dólar’ a partir del 8 de septiembre, en sectores como acero, lácteos, electrodomésticos, maquinaria agrícola, celulosa y papel, y electrónica.
De un acuerdo a la vista al quiebre total
El desenlace marcó un giro abrupto respecto de los días previos, cuando funcionarios de ambos países transmitían señales de acercamiento. El propio presidente Donald Trump había declarado que las partes tenían prácticamente cerrado un entendimiento, mientras los equipos técnicos seguían trabajando sobre puntos pendientes.
Sin embargo, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que Canadá se había negado a cerrar el acuerdo en los términos ya acordados. Carney, por su parte, responsabilizó a Washington por introducir cambios de último momento que reducían el alivio arancelario para los vehículos fabricados en Canadá, limitaban su margen para negociar acuerdos comerciales con terceros países y debilitaban protecciones vinculadas al idioma, la cultura y la soberanía nacional.
El primer ministro definió esas exigencias como inaceptables y afirmó que la propuesta final pedía demasiado y ofrecía muy poco a cambio. En una conferencia de prensa en Ottawa, describió la ofensiva arancelaria como un ataque directo contra su país.
El uso de una herramienta legal de la era de la Gran Depresión
Para imponer estos aranceles, la administración estadounidense recurrió a la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, una disposición que nunca antes había sido utilizada para aplicar gravámenes y que forma parte de la legislación Smoot-Hawley, históricamente señalada por economistas como uno de los factores que agravó la Gran Depresión al restringir el comercio global.
La norma habilita al presidente a imponer aranceles de hasta 50% contra países que considere que discriminan a empresas estadounidenses, sin necesidad de una investigación previa ni límite temporal para su vigencia. El recurso a esta herramienta se da mientras Estados Unidos, México y Canadá negocian la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que Trump había negociado en su primer mandato.
Washington ya inició conversaciones formales con México sobre la actualización del acuerdo trilateral, pero las negociaciones con Canadá aún no comenzaron, lo que abre interrogantes sobre la continuidad del pacto en su forma actual.
Impacto económico y respaldo político interno
Los nuevos aranceles alcanzarán a cerca del 5% de las exportaciones anuales de Canadá hacia Estados Unidos, unos 20.000 millones de dólares en bienes que van desde palos de hockey hasta productos agrícolas y de la industria del cemento. Ambos países mantienen un intercambio de bienes y servicios valuado en unos 880.000 millones de dólares anuales.
El premier de Ontario, Doug Ford, respaldó públicamente la decisión de Carney de rechazar el acuerdo, al considerar que hubiera perjudicado a los sectores automotriz, siderúrgico y manufacturero de su provincia, y llamó a utilizar todas las herramientas disponibles para responder a Washington.
Por el momento no hay nuevas rondas de conversación previstas entre ambos gobiernos, lo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro de una de las relaciones comerciales más antiguas y extensas del continente.
