Tras siete años de parálisis en el otorgamiento de concesiones mineras, la industria en México comienza a ver señales concretas de reapertura. Pedro Rivero, presidente de la Cámara Minera de México (Camimex), señala que el contexto geopolítico actual ha creado condiciones favorables para retomar un proceso que resultó fundamental para el desarrollo del sector. La combinación de presión externa, necesidad de inversión y un gobierno que empieza a modular su postura frente al capital privado configura un escenario distinto al de los últimos años.
El factor detonante es el renovado interés de Estados Unidos por garantizar acceso a minerales estratégicos —litio, cobre, cobalto, manganeso y otros insumos esenciales para la transición energética y la industria de defensa— sin depender de cadenas de suministro controladas por China. En ese contexto, la administración de Donald Trump ha reforzado su agenda de seguridad mineral, buscando anclar alianzas con países del continente que puedan ofrecer volúmenes significativos de materias primas críticas. México, con su ubicación geográfica privilegiada, su infraestructura industrial y su vasto potencial geológico aún inexplorado, emerge como un socio natural en esa ecuación.
La coincidencia entre esa presión estadounidense por diversificar fuentes de abastecimiento y las señales de apertura del gobierno mexicano abre una ventana que la industria no quiere desaprovechar. Camimex ha intensificado su diálogo con las autoridades y plantea que una reactivación ordenada de las concesiones podría posicionar al país como proveedor estratégico de minerales críticos en el marco del T-MEC, con beneficios concretos en términos de empleo, divisas e integración regional.
El potencial es considerable. México figura entre los principales productores mundiales de plata, zinc, plomo y fluorita, y cuenta con reservas relevantes de materiales que hoy concentran la atención de las grandes economías industriales. Sin embargo, buena parte de ese potencial permanece sin desarrollar, en parte por la incertidumbre regulatoria que se instaló con el congelamiento de concesiones y en parte por los conflictos que enfrenta el sector con comunidades locales y organizaciones ambientales.
El debate, en efecto, no está exento de tensiones. La política minera de los últimos años estuvo marcada por restricciones ambientales, disputas con pueblos indígenas —que invocan el derecho a la consulta previa— y una narrativa oficial que priorizó la soberanía sobre los recursos naturales por encima de la atracción de inversión extranjera. La reforma constitucional que declaró al litio patrimonio de la nación fue la expresión más clara de esa orientación. Cualquier reapertura deberá navegar ese terreno con cuidado si quiere traducirse en proyectos viables y no en nuevos focos de conflicto social.
Lo que está en juego, en definitiva, va más allá de la industria minera. La forma en que México administre su riqueza mineral en los próximos años definirá en buena medida su rol en las cadenas de valor globales de la energía limpia y la tecnología, y determinará si el país logra capitalizar una oportunidad histórica o si la deja pasar por segunda vez.
