América Latina arrastra un problema que va más allá de la infraestructura: sus actores logísticos —empresas, universidades, gremios y organismos públicos— rara vez comparten diagnósticos ni construyen soluciones en conjunto. Cada uno opera desde su propia trinchera, con sus propios datos y sus propios intereses. El resultado es un sector fragmentado, donde los análisis técnicos no llegan a convertirse en política pública y las regulaciones se diseñan sin suficiente base empírica.
Frente a ese diagnóstico, los observatorios logísticos intentan ocupar un lugar diferente. Javier Franco, director del Observatorio de Logística y Cadena de Suministro de la Universidad Externado de Colombia, los define como espacios donde convergen abogados, académicos, representantes de gremios y funcionarios públicos con un objetivo común: pensar el sector como un todo, no como suma de partes. «La idea es dejar afuera la camiseta de cada cual y empezar a pensar como sector —cómo producimos más como país y como región», dice.
Lo que diferencia al observatorio que dirige Franco de otros centros de análisis es su eje legal. Mientras la mayoría de las iniciativas similares se concentran en la producción de datos técnicos o estadísticos, este espacio apunta a la formulación de política pública y a la modificación normativa. No basta con identificar un problema: el objetivo es llegar a recomendaciones concretas, con referentes internacionales, ventajas y obstáculos claramente mapeados, que un funcionario pueda tomar como insumo real para legislar o regular.
«El resultado tangible es que un funcionario pueda ver recomendaciones concretas, con referentes internacionales, ventajas y problemas claramente identificados», subraya Franco. El método es deliberadamente acotado: analizar un problema en pocas páginas, alcanzar consenso en una o dos recomendaciones y avanzar hacia borradores normativos específicos. «No se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de conectar en lo fundamental», explica.
La brecha entre el estudio y la práctica
Uno de los problemas más persistentes en la región es la desconexión entre lo que producen las universidades y lo que necesita la industria. Los estudios académicos sobre logística abundan, pero pocas veces logran impactar en la operación cotidiana de las empresas o en las decisiones de los gobiernos. Franco reconoce esa brecha como uno de los principales obstáculos del sector y propone como antídoto trabajar sobre problemas concretos: costos logísticos, déficits en digitalización, sostenibilidad de la cadena de suministro.
La disponibilidad de datos es, en ese esquema, una condición no negociable. «Hablar de logística sin data es como hablar de pan sin harina», afirma Franco, quien destaca el rol de los gremios como proveedores de información crítica para mapear la realidad del sector. Sin esa base empírica, cualquier recomendación corre el riesgo de ser genérica o políticamente sesgada.
Más allá de los ciclos políticos
Franco insiste en que el horizonte de estos espacios debe ir más allá de los gobiernos de turno. «Más que trabajar para un gobierno determinado, debemos pensar en soluciones para el Estado o para la región», dice. Es una distinción importante en un continente donde las políticas de infraestructura y logística suelen reiniciarse con cada cambio de administración, perdiendo continuidad y acumulación de conocimiento.
En esa línea, Franco ve en la integración regional una frontera todavía poco explorada. Instancias como la Alianza del Pacífico o la Comunidad Andina de Naciones existen, pero aún no han desarrollado estrategias logísticas conjuntas con el peso y la coherencia necesarios. Los observatorios, en su visión, podrían actuar como catalizadores de esa coordinación, aportando análisis compartidos y propuestas que trascienden las fronteras nacionales.
