Hay una construcción silenciosa y metódica en marcha: la de las reglas que van a gobernar el comercio digital del siglo XXI. Y los que están levantando este edificio no son quienes uno esperaría.
El peso del comercio invisible
Las exportaciones de servicios entregados digitalmente crecieron 10% interanual en 2024, alcanzando los 4,8 billones de dólares y representando casi el 15% del total mundial de exportaciones de bienes y servicios. La carga más valiosa que cruza las fronteras hoy no viaja en contenedores: son servicios en la nube, entretenimiento en streaming, pagos digitales, aplicaciones de inteligencia artificial y datos de coordinación de cadenas de suministro.
Que los gobiernos hayan desarrollado la voluntad de regular ese comercio invisible con reglas muy visibles es, en ese contexto, perfectamente lógico.
El vacío que dejó Washington
Durante décadas, los arquitectos del orden comercial global fueron los de siempre: Estados Unidos, la Unión Europea y, con creciente peso, China. En una ironía que no pasa inadvertida, el país que diseñó el capítulo de comercio electrónico considerado el estándar de oro del Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés) es hoy el gran ausente de las negociaciones multilaterales.
La administración Trump, por su parte, no ha co-patrocinado el acuerdo resultante y avanza en sentido contrario: presionando por la desregulación doméstica, criticando los marcos regulatorios de socios clave —el Acta de Mercados Digitales de la UE, los impuestos a servicios digitales— y, en casos como Malaysia y Camboya, exigiendo que consulten con Washington antes de suscribir acuerdos digitales que «pongan en riesgo intereses esenciales de Estados Unidos».
El gigante no desapareció. Simplemente decidió jugar otro juego.
El club de los primeros en moverse
En ese vacío relativo, un grupo de economías pequeñas y medianas del Indo-Pacífico tomó la iniciativa. El modelo fue el Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA), firmado en 2020 por Nueva Zelanda, Singapur y Chile: el primer acuerdo digital dedicado de la historia, con una estructura modular que permite a los países adoptarlo en su totalidad o incorporar sus bloques de forma gradual.
DEPA tomó como base los núcleos duros del CPTPP —flujos de datos, privacidad, derechos aduaneros sobre transmisiones electrónicas, comercio sin papel— y los amplió con una agenda más ambiciosa: pagos electrónicos, identidades digitales, datos abiertos de gobierno, inteligencia artificial, fintech e inclusión digital para pymes, mujeres y comunidades indígenas.
Lo que siguió fue una expansión notable. Australia, Corea, el Reino Unido, la Unión Europea, India, los Emiratos Árabes Unidos y economías de América Latina y el sur de Asia adoptaron variantes del modelo DEPA en sus propios acuerdos bilaterales.
Corea se convirtió en miembro pleno en 2024; Costa Rica y Perú concluyeron sus negociaciones de adhesión en 2025 y enero de 2026, respectivamente. Canadá, China y los Emiratos tienen grupos de trabajo de acceso abiertos, y El Salvador, Ucrania, Uruguay y Tailandia ya presentaron sus solicitudes de ingreso.
Lo que une a estas economías no es tanto la ideología como el pragmatismo. Son estados pequeños o medianos, dependientes del comercio, cuyos sectores productivos —mayoritariamente pymes— necesitan operar con fricción mínima entre jurisdicciones. Las reglas estilo DEPA tienen una orientación práctica y comercial, apuntan a reducir costos de cumplimiento y fomentan la interoperabilidad. Eso, en un entorno cada vez más fragmentado, vale mucho.
La geometría variable del nuevo orden digital
Los movimientos más significativos de 2025 no vinieron de negociaciones formales sino de lo que podría llamarse coreografía diplomática. En noviembre, la Comisión del CPTPP acordó actualizar su capítulo de comercio electrónico —incorporando AI, identidades digitales y seguridad en línea, en línea con el modelo DEPA— y realizó diálogos inaugurales con la UE y con la ASEAN, identificando el comercio digital como área prioritaria de cooperación futura.
La comparación de alcances entre el CPTPP, DEPA y los acuerdos digitales recientes de la UE revela más terreno común del que suele asumirse: no solo en los temas centrales como flujos de datos y privacidad, sino también en áreas más novedosas como facturación electrónica, pagos digitales e inteligencia artificial. Las diferencias filosóficas en gobernanza de datos siguen siendo reales y no deben subestimarse. Pero el ejercicio de alineación en sí mismo tiene un valor que trasciende lo técnico: es la construcción de una coalición entre economías comprometidas con el comercio basado en reglas, en un momento en que ese compromiso ya no puede darse por sentado.
Una tercera iniciativa, más nueva y pragmática, es la Asociación para el Futuro de la Inversión y el Comercio (FIT-P), lanzada por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y los Emiratos a fines de 2025, y que ya agrupa a 16 economías de América Latina, Europa, África y Asia. Su foco está en el comercio digital y sin papel, la adopción de estándares internacionales y el uso de tecnología para reducir barreras comerciales, especialmente para pymes.
Lo que está en juego
Las pequeñas y medianas economías que lideran esta arquitectura normativa entienden algo que los grandes actores suelen olvidar: en una economía en red, el valor de las reglas no reside en la palanca de poder que otorgan, sino en la coordinación que habilitan. Los países chicos no pueden imponer cumplimiento. Solo pueden demostrar beneficios.
Tres escenarios se perfilan hacia adelante, y no son necesariamente excluyentes. Puede continuar la proliferación de acuerdos bilaterales, avanzando de forma incremental pero profundizando el laberinto regulatorio. Puede aumentar la presión de Washington sobre la gobernanza digital, enfriando la disposición de otros países a negociar. O puede producirse una convergencia gradual de reglas, impulsada por la digitalización acelerada de las economías y los beneficios evidentes de la interoperabilidad.
Lo que está claro es que el comercio digital ya tiene nuevos arquitectos. Y están construyendo, un acuerdo a la vez, la infraestructura normativa del intercambio global del futuro.
