Los mercados de deuda globales atraviesan un terreno complejo. Las tensiones geopolíticas, las disputas comerciales y un entorno macroeconómico incierto presionan unos mercados que, pese a todo, han mostrado una resiliencia notable. Pero esa estabilidad aparente oculta transformaciones profundas que merecen atención.
El costo del endeudamiento a largo plazo ha aumentado, y la consiguiente migración hacia emisiones de menor plazo eleva los riesgos de refinanciamiento en el corto plazo. Al mismo tiempo, el mayor protagonismo de inversores más sensibles al precio vuelve a estos mercados más vulnerables ante eventuales shocks. Su resiliencia futura, en definitiva, no está garantizada.
Esto cobra especial relevancia cuando se proyectan las necesidades de financiamiento vinculadas al despliegue masivo de la inteligencia artificial y al aumento del gasto en defensa.
Cifras que marcan una era
Los números del informe Global Debt Report 2026 de la OCDE son contundentes. En 2026, gobiernos y empresas tomarán prestados 29 billones de dólares de los mercados de bonos: un 17% más que en 2024 y el doble de lo registrado hace una década. En 2025, el endeudamiento combinado ya había alcanzado los 27 billones de dólares.
De ese total, los gobiernos centrales de los países de la OCDE captaron 17 billones de dólares solo en 2025. El sector corporativo, por su parte, emitió deuda por 6,8 billones de dólares. Y de cara al próximo quinquenio, nueve grandes jugadores del sector tecnológico tienen previsto financiar inversiones de capital por 4,1 billones de dólares entre 2026 y 2030 —cifra que supera en 1,1 billones de dólares el total invertido por todas las empresas no financieras de EE.UU. en 2025—.
Las fracturas que la estabilidad enmascara
La suba de tasas iniciada en 2022 sigue dejando huellas. Mientras las tasas cortas se estabilizaron en los países de la OCDE durante 2025, los rendimientos a 30 años escalaron de forma significativa en la mayoría de las economías. Ante ese escenario, tanto los emisores soberanos como los corporativos respondieron acortando los plazos de sus emisiones: una decisión que alivia la carga financiera inmediata, pero que acumula presión sobre los vencimientos futuros.
A eso se suma un cambio relevante en la estructura de los inversores. Los bancos centrales —que históricamente fueron los mayores tenedores domésticos de deuda soberana en muchos países de la OCDE— redujeron sus posiciones. Con niveles de emisión sostenidamente altos, el mercado depende cada vez más de actores con mayor sensibilidad al precio: fondos de cobertura, hogares e inversores extranjeros de perfil volátil. Este desplazamiento no solo incrementa el riesgo de volatilidad en el mercado soberano, sino que también condiciona la absorción de las nuevas emisiones corporativas por parte de una base inversora más acotada.
La IA como nuevo factor de tensión en los mercados corporativos
El sector tecnológico ha financiado históricamente sus operaciones con recursos propios, sin recurrir en exceso a los mercados de deuda. La carrera por la inteligencia artificial está cambiando esa lógica. Solo en 2025, nueve grandes compañías del sector captaron 122.000 millones de dólares en los mercados de bonos —casi la mitad de toda la emisión tecnológica global—. Las necesidades de capital proyectadas para el período 2026-2030 son de una magnitud sin precedentes.
Qué pueden hacer los gobiernos
El informe de la OCDE identifica tres ejes de acción prioritarios. El primero es garantizar la sostenibilidad de largo plazo de la deuda pública: reducir la carga relativa del endeudamiento soberano no solo mejora la capacidad de maniobra fiscal, sino que también evita desplazar el financiamiento corporativo en un momento en que la inversión en IA demandará recursos crecientes. El segundo es salvaguardar el funcionamiento ordenado de los mercados de bonos corporativos. El tercero es preservar marcos de política económica sólidos y creíbles, condición sine qua non para sostener la confianza de los inversores.
Con un mercado combinado de deuda soberana y corporativa que supera los 109 billones de dólares, lo que está en juego es la capacidad de los Estados y las empresas de seguir financiando sus operaciones e inversiones de manera estable. Los próximos años pondrán a prueba esa resiliencia.
