La Unión Europea cambia de estrategia en materia de sostenibilidad corporativa. Tras meses de presión del sector privado y un viraje político en Bruselas, 2026 marcará el inicio de un marco regulatorio mucho más selectivo que el planteado originalmente.
El resultado: más del 80% de las empresas europeas quedan liberadas de las obligaciones formales de reporte en sostenibilidad, en un movimiento que prioriza la competitividad, la simplificación administrativa y el crecimiento económico frente a la ambición climática inicial.
Un umbral más alto, menos empresas obligadas
Con la nueva regulación, sólo deberán cumplir con los requisitos de información social y ambiental aquellas compañías que superen simultáneamente los 1.000 empleados y los 450 millones de euros de facturación anual.
Según el Consejo de la UE, aproximadamente el 85% de las empresas quedarán exentas de reportar bajo la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD, por sus siglas en inglés).
Para las que sí entren en el perímetro, las obligaciones seguirán siendo significativas: reportes estandarizados, auditorías, información sobre emisiones, riesgos climáticos y gobernanza. Pero el universo de empresas sujetas a estas normas se reduce drásticamente.
Competitividad frente a ambición climática
Desde Bruselas, el mensaje oficial es claro: la UE no renuncia a la sostenibilidad, pero sí a imponerla de forma generalizada. La Comisión Europea justifica el cambio argumentando que el exceso de regulación estaba perjudicando la competitividad europea frente a potencias como Estados Unidos y China.
Países como Alemania han liderado la presión para pasar de la «simplificación» a lo que consideran una desregulación necesaria para no ahogar al tejido empresarial europeo.
Deforestación: menos urgencia, más flexibilidad
En paralelo, la UE ha retrasado por segunda vez la entrada en vigor de su ley contra la deforestación. Inicialmente prevista para 2025, ahora aplicará desde diciembre de 2026 (junio de 2027 para pymes), con un contenido suavizado para facilitar su implementación.
La normativa, aprobada en 2023, prohíbe importar o vender en la UE siete productos clave —café, cacao, soja, aceite de palma, madera, caucho, carne bovina y sus derivados— si provienen de tierras deforestadas o degradadas después de 2020.
Obligaciones para grandes empresas (desde diciembre 2026):
- Geolocalización precisa de parcelas
- Trazabilidad completa de la cadena de suministro
- Declaraciones electrónicas «libre de deforestación»
- Auditorías independientes
- Sanciones de hasta el 4% de la facturación por incumplimiento
Obligaciones para pymes (desde junio 2027):
- Requisitos similares pero simplificados
- Exención inicial de geolocalización en algunos casos
- Apoyo de grandes operadores en la cadena
- Verificación de proveedores y declaraciones anuales
- Cumplimiento gradual sin multas iniciales excesivas
Los críticos consideran estos aplazamientos y flexibilizaciones como una pérdida de ambición frente a uno de los mayores retos climáticos globales.
¿Qué significa esto para tu empresa?
Para la mayoría de las compañías europeas, 2026 supondrá un alivio regulatorio evidente. Sin embargo, esto no significa que la sostenibilidad desaparezca del mapa empresarial.
Tres razones por las que seguirá importando:
- Presión de inversores: Los fondos de inversión y los mercados financieros seguirán exigiendo información ESG como criterio de evaluación.
- Demanda de consumidores: Los clientes, especialmente en ciertos sectores, valoran cada vez más las prácticas sostenibles.
- Requisitos de cadena de suministro: Las grandes empresas obligadas a reportar seguirán exigiendo información de sostenibilidad a sus proveedores, trasladando indirectamente las obligaciones a compañías más pequeñas.
