Bruselas presentó esta semana la propuesta formal de la Ley de Aceleración Industrial (Industrial Accelerator Act, IAA), el instrumento legislativo que convierte el concepto «Fabricado en Europa» en una exigencia jurídica vinculada a subsidios públicos y contratación gubernamental. La novedad más relevante del texto: la Comisión Europea contempla extender ese paraguas protector a países socios con acuerdos comerciales vigentes, lo que abriría la puerta al Reino Unido y Japón, dos economías que habían expresado preocupación por quedar excluidas.
La propuesta establece que los requisitos de contenido local se aplicarán a los llamados «sectores estratégicos»: acero, cemento, aluminio, automóviles y tecnologías de cero emisiones netas. Los gobiernos que financien proyectos de infraestructura deberán garantizar una participación mínima de acero, cemento y aluminio bajos en carbono de origen europeo.
En el sector automotriz, los fabricantes de vehículos eléctricos deberán acreditar que al menos el 70% de los componentes de sus automóviles proviene de la UE para acceder a financiamiento público. Reglas similares se aplicarán a baterías, energía solar, eólica y nuclear.
El debate geográfico, clave del texto
La discusión más intensa en torno a la IAA no giró en torno a los porcentajes de contenido local, sino en torno a su alcance geográfico. Francia sostiene que la definición de «Fabricado en Europa» debería limitarse a los 27 miembros de la UE más los integrantes del Mercado Único —Noruega, Islandia y Liechtenstein—, mientras que algunos Estados miembros impulsan una interpretación más amplia que incluya al Reino Unido.
La solución que emerge del texto actual es pragmática: los borradores de la propuesta aluden a la posible incorporación de los 21 países desarrollados con los que la UE tiene compromisos en materia de contratación pública, con la reciprocidad como condición fundamental. Bajo ese criterio, tanto el Reino Unido —con acuerdo de libre comercio desde el Brexit— como Japón calificarían.
Honda, fabricante japonés con producción en el Reino Unido, tomó posición pública antes de la presentación del texto y propuso lo que denominó un enfoque de «Fabricado con valores compartidos», instando a que Europa y sus socios de confianza, como el Reino Unido y Japón, trabajen en conjunto hacia soluciones de movilidad sostenible.
El objetivo: revertir el declive industrial
La Comisión Europea fijó como meta que la industria manufacturera represente el 20% del PIB de la UE para 2035, frente al 14% registrado en 2024. En juego están unos 600.000 puestos de trabajo que Bruselas estima podrían perderse en la próxima década si continúa la trayectoria actual de desindustrialización.
La medida se inscribe en un contexto más amplio: la Comisión revisará en 2026 el marco de contratación pública para incorporar criterios de sostenibilidad, resiliencia y «preferencia europea» en sectores estratégicos.
Voces críticas
No todos respaldan el enfoque. Niclas Poitiers, especialista en comercio internacional del think tank Bruegel, cuestionó la lógica de la propuesta: si el objetivo es proteger la industria europea de la competencia desleal china, existen instrumentos más precisos y menos disruptivos para el comercio libre.
Desde el punto de vista jurídico, los requisitos de contenido local están prohibidos bajo las normas de la Organización Mundial del Comercio, y la UE tiene compromisos de acceso no discriminatorio a la contratación pública con los países signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. El incumplimiento de esos compromisos podría acarrear impugnaciones legales por parte de aliados cercanos como Japón o el Reino Unido.
La propuesta deberá ser aprobada por los Estados miembros y el Parlamento Europeo, lo que anticipa meses de negociación en torno a una pregunta sin respuesta definitiva: ¿dónde termina Europa?
