Las negociaciones para reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) colapsaron esta semana después de que Estados Unidos y Brasil no lograran ponerse de acuerdo sobre uno de los puntos más sensibles de la agenda: el tratamiento arancelario del comercio electrónico. Lo que debía ser un avance histórico en la modernización del principal organismo multilateral de comercio terminó convirtiéndose en una nueva demostración de las fracturas que atraviesan el sistema de gobernanza global.
El punto de quiebre fue la moratoria sobre aranceles a las transmisiones electrónicas, un acuerdo provisional que los miembros de la OMC han renovado sucesivamente desde 1998 y que impide a los países gravar las transacciones digitales transfronterizas. Brasil, respaldado por una coalición de economías emergentes, viene reclamando desde hace años el derecho a aplicar esos aranceles como herramienta de política industrial y fuente de recaudación fiscal. Estados Unidos, en cambio, considera que cualquier apertura en ese frente representaría un golpe directo a sus plataformas tecnológicas, que dominan el comercio digital global.
La posición brasileña no es nueva ni aislada. India, Sudáfrica e Indonesia han argumentado en foros multilaterales que la moratoria perpetúa una asimetría estructural: los países desarrollados exportan servicios digitales sin restricciones, mientras que las naciones en desarrollo deben abrir sus mercados sin recibir nada a cambio. Para Brasilia, que ha desarrollado una postura cada vez más asertiva en materia de soberanía digital y fiscal, este era el momento de forzar un cambio de régimen.
Washington no cedió. La delegación estadounidense advirtió que cualquier acuerdo de reforma que incluyera la posibilidad de gravar el comercio electrónico sería inaceptable, y que los beneficios de modernizar la OMC no justificaban comprometer un principio que consideran central para la expansión de la economía digital. Con esa línea roja sobre la mesa, el espacio para la negociación se cerró.
El fracaso deja a la OMC en una posición incómoda. El organismo lleva años acumulando críticas por su lentitud para adaptarse a las realidades del comercio del siglo XXI, su incapacidad para resolver disputas de manera eficaz —el mecanismo de apelaciones sigue bloqueado por el veto estadounidense— y su dificultad estructural para alcanzar consensos en un mundo cada vez más fragmentado en bloques. La directora general Ngozi Okonjo-Iweala había depositado buena parte de su capital político en lograr un acuerdo que demostrara que la institución aún puede producir resultados.
El colapso de estas negociaciones no solo frustra ese objetivo sino que alimenta el escepticismo sobre la viabilidad del multilateralismo comercial en su formato actual.
