El Gobierno de Gustavo Petro prepara su respuesta al último movimiento de Ecuador. El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo publicó un borrador de decreto que propone elevar hasta el 50% los aranceles sobre más de 170 productos ecuatorianos, igualando así la tarifa que Quito impuso a las exportaciones colombianas desde el domingo. Si el texto se firma, entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Lo más llamativo del borrador es su propia franqueza: el documento reconoce abiertamente las consecuencias de escalar la disputa. Según las proyecciones incluidas en sus considerandos, con aranceles cruzados del 50%, Colombia importaría un 75% menos desde Ecuador —una caída de 640 millones de dólares medida en datos de 2025— y 15 de los 20 productos que más le compra al vecino prácticamente desaparecerían del intercambio. El golpe del lado exportador sería aún más severo: las ventas colombianas hacia Ecuador retrocederían un 79%, equivalente a 1.452 millones de dólares, y 12 de los 20 principales rubros dejarían de cruzar la frontera.
Nicole Velásquez, experta en comercio exterior de la consultora EY, traduce esas cifras en términos concretos: «Más que encarecer el comercio, este tipo de medidas puede eliminarlo casi de forma inmediata. Las empresas no negocian márgenes: suspenden envíos o buscan otros destinos». Quien más sufriría no serían los grandes exportadores, sino las micro, pequeñas y medianas empresas que dominan los sectores afectados —manufacturas, agroalimentos, textiles, cosméticos, medicamentos y equipos industriales— y que concentran buena parte del empleo formal en ambos países.
Desde el gremio colombiano de las pymes, ACOPI, el mensaje es directo: «Un conflicto comercial no puede trasladar su costo al empleo formal ni a quienes cumplen la ley y generan desarrollo». La organización pide a los dos gobiernos, de ideologías diametralmente opuestas, frenar la escalada antes de que el decreto se firme, mediante una moratoria temporal y una mesa bilateral de alto nivel. El llamado es compartido por Analdex, que agrupa a los exportadores colombianos, y por Fedexpor, su homólogo ecuatoriano.
Hay además un efecto perverso que los empresarios señalan con insistencia: las barreras al comercio formal no frenan el contrabando, lo estimulan. Javier Díaz, presidente de Analdex, lo dijo sin rodeos en una rueda de prensa: «Los dos países nos estamos maltratando, dañando nuestro aparato económico al restringir el comercio legal, y solamente estamos beneficiando a la ilegalidad». Xavier Rosero, de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, añade que una solución bilateral directa será más rápida que esperar los tiempos de la Comunidad Andina, organismo que en teoría podría revisar las medidas pero que opera con plazos difíciles de acompasar a una crisis que avanza por semanas.
La disputa tiene un origen preciso. El 21 de enero, Ecuador anunció una tasa de seguridad del 30% sobre productos colombianos, argumentando que el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera se habían desbordado. Colombia respondió con el mismo porcentaje y, dos días después, suspendió las exportaciones de electricidad al país vecino. Ecuador replicó subiendo un 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano por el oleoducto SOTE —de tres a treinta dólares por barril—, afectando cerca de 13.250 barriles diarios.
En febrero hubo un intento de distensión: las cancilleres de ambos países se reunieron en Quito con delegaciones amplias y llegaron a contemplar el levantamiento mutuo de aranceles. Pero Ecuador condicionó ese paso a la firma de un acuerdo integral que incluyera compromisos concretos de Colombia en control fronterizo, minería ilegal y cultivos ilícitos. Las negociaciones no prosperaron. Quito elevó entonces su arancel al 50%, y Bogotá tiene ahora lista la respuesta sobre la mesa, aguardando únicamente la decisión de firmar.
