En una decisión que sacude el panorama portuario centroamericano, la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional la Ley número 5 del 16 de enero de 1997, que otorgó las concesiones de los terminales portuarios de Balboa y Cristóbal a Panama Ports Company, subsidiaria del conglomerado hongkonés Hutchison Ports. La resolución también invalida sus adendas posteriores y el acto de prórroga que extendía la operación de estos estratégicos enclaves logísticos.
La sentencia representa un giro radical en la gestión de la infraestructura portuaria panameña y plantea interrogantes sobre la continuidad operativa de dos terminales que manejan una porción significativa del tráfico de contenedores que transita por el Canal de Panamá. Balboa, ubicado en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, constituyen piezas fundamentales en la cadena logística que conecta las principales rutas marítimas globales.
Hutchison Ports opera estos terminales desde 1997 bajo un modelo concesionario que, según la Corte, contraviene disposiciones constitucionales. Aunque el fallo no detalla los fundamentos específicos de la inconstitucionalidad, la decisión abre un período de incertidumbre sobre el futuro de las instalaciones y las obligaciones contractuales derivadas de la concesión original.
El dictamen llega en un momento en que los puertos del Canal enfrentan creciente competencia regional y presiones para modernizar su infraestructura. La invalidación de la concesión podría forzar una renegociación integral del marco legal que rige la operación portuaria en Panamá, o eventualmente, un nuevo proceso de licitación para administrar estos activos estratégicos.
Para las líneas navieras que utilizan rutinariamente ambos terminales, la resolución judicial introduce un elemento adicional de incertidumbre en la planificación de rutas y contratos de largo plazo. La estabilidad regulatoria de los puertos panameños ha sido históricamente un factor diferenciador frente a otros hubs logísticos de la región, y este fallo podría alterar esa percepción.
Hutchison Ports no ha emitido declaraciones oficiales sobre las implicaciones operativas del fallo ni sobre las eventuales acciones legales que podría emprender. Tampoco se ha establecido un cronograma claro sobre cómo se implementará la decisión judicial o si el gobierno panameño asumirá temporalmente la administración de los terminales mientras se define un nuevo marco legal.
La resolución de la Corte Suprema marca un punto de inflexión en el modelo de concesiones portuarias de Panamá y podría sentar precedentes para la revisión de otros contratos de infraestructura vigentes en el país.
