En los próximos 10 a 15 años, 1.200 millones de jóvenes de países en desarrollo alcanzarán la edad laboral. Es la mayor incorporación de fuerza humana a la economía global en toda la historia registrada. El problema es que las proyecciones actuales anticipan la creación de apenas 400 millones de empleos en ese mismo período. Una brecha de 800 millones de personas sin trabajo no es un dato estadístico: es la descripción de una crisis civilizatoria en gestación.
En Davos, donde se reunió en enero pasado lo más granado de las finanzas y la geopolítica global, esta cuestión fue sistemáticamente desplazada por urgencias del momento. Pasó lo mismo en foros anteriores. Y probablemente pasará lo mismo en la Conferencia de Seguridad de Múnich y en las próximas cumbres del G7 y el G20, salvo que se decida conscientemente ponerla en el centro.
Un problema de desarrollo, de economía y de seguridad
La narrativa dominante enmarca este fenómeno como un desafío del desarrollo. Lo es. Pero reducirlo a esa categoría es un error estratégico. También es un problema económico de primer orden —800 millones de personas sin ingreso representan una demanda suprimida de escala continental— y, cada vez con más evidencia, un problema de seguridad nacional.
La historia es elocuente al respecto. Las sociedades con altas tasas de desempleo juvenil sostenido no permanecen estables. Generan presión sobre las instituciones, alimentan flujos migratorios irregulares que desestabilizan a los países receptores y ofrecen terreno fértil para la radicalización y el conflicto. No es determinismo: es el registro documentado de lo que ocurre cuando las expectativas de una generación no encuentran ningún cauce productivo.
Dicho de otro modo: si no se crean empleos donde los jóvenes viven, los jóvenes buscarán alternativas en otro lugar. Y esas alternativas no siempre son las que los países quisieran.
Tres palancas, no una
El Grupo Banco Mundial ha adoptado una estrategia articulada sobre tres ejes que merece atención no solo por sus recursos, sino por su lógica.
El primero es la inversión en infraestructura, tanto física como humana. Sin electricidad confiable, conectividad y transporte funcional, la inversión privada no llega. Pero eso es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la formación de capacidades. Un centro de formación técnica en Bhubaneswar, India, respaldado por una alianza público-privada, capacita a casi 38.000 personas por año en ingeniería, manufactura y gestión empresarial. Su tasa de inserción laboral es cercana al total de sus egresados, precisamente porque el currículo se diseña en función de la demanda real del mercado, no de suposiciones académicas.
El segundo eje es la mejora del entorno regulatorio para los negocios. Las normas claras, la burocracia reducida y la regulación predecible no son detalles técnicos: son la diferencia entre que un emprendedor decida invertir o no. Y son las microempresas y las pymes —no las grandes corporaciones multinacionales— las que generan la mayor parte del empleo en los países en desarrollo. Orientar la reforma regulatoria hacia este segmento es una decisión de alto impacto con costos fiscales relativamente bajos.
El tercer eje es el financiamiento directo al sector privado. Esto incluye capital accionario, crédito, garantías y seguros de riesgo político. Un ejemplo concreto: una garantía de financiamiento al comercio para el Banco do Brasil permitió liberar cerca de 700 millones de dólares en financiamiento accesible para pequeñas empresas del sector agrícola brasileño. No es filantropía: es ingeniería financiera orientada a destrabar flujos de capital que el mercado solo no movilizaría.
Los sectores prioritarios de esta estrategia no son arbitrarios. Infraestructura y energía, agroindustria, salud primaria, turismo y manufactura con valor agregado son los cinco sectores que, con mayor consistencia entre países y regiones, generan empleo a escala. No son los sectores más glamorosos para un inversor de capital de riesgo. Pero son los que mueven la aguja donde más importa.
El argumento que los países ricos no deberían ignorar
Hay una narrativa cómoda que enmarca la inversión en países en desarrollo como generosidad. Como una concesión de los ricos a los pobres. Esa narrativa es, además de condescendiente, estratégicamente miope.
Para 2050, más del 85% de la población mundial vivirá en economías en desarrollo. Eso no es solo la mayor expansión de la fuerza laboral global de la historia: es también el mayor incremento potencial de consumidores, mercados y socios comerciales. Los gobiernos de países desarrollados que financien infraestructura, formación y empleo en economías emergentes no están haciendo caridad: están reduciendo las presiones que generan migración irregular, inestabilidad regional y los costos políticos y económicos que ambas producen. Es, en el sentido más directo del término, inversión en seguridad propia.
