El primer trimestre de 2026 dejó a América Latina con un mapa monetario fragmentado. El encarecimiento del crudo, los efectos colaterales del conflicto en Oriente Medio y la incertidumbre comercial global pusieron a prueba a los bancos centrales de la región, que respondieron de maneras radicalmente distintas según sus propias presiones internas.
El denominador común fue el petróleo. Con el barril Brent por encima de los 100 dólares y el WTI en niveles similares, los costos de combustibles, transporte y alimentos se dispararon en toda la región, generando un efecto inflacionario que complicó los planes de quienes querían seguir bajando tasas y justificó el endurecimiento de quienes decidieron ir en sentido contrario.
Brasil dio el primer paso hacia la flexibilización después de dos años de política restrictiva: recortó 25 puntos básicos para situar su tasa en el 14,75 %. Pero el gesto fue cauteloso. El banco central elevó al mismo tiempo su previsión de inflación para 2026 al 3,9 % —cuatro décimas más de lo previsto— y advirtió que nuevos recortes dependerán de cómo evolucionen las materias primas y las expectativas de precios.
México también retomó el camino del recorte tras una pausa en febrero, reduciendo su tasa en 25 puntos básicos hasta el 6,75 % en una decisión que no fue unánime. La autoridad monetaria reconoció que el entorno externo, en particular la política económica de Estados Unidos, podría presionar los precios internos y condicionar el ritmo de los próximos movimientos.
El caso argentino es el más volátil del cuadro. Las tasas para depósitos a plazo fijo cayeron al 25,69 % nominal anual, por debajo de una inflación interanual del 33,1 %, en un proceso de relajación acelerada que responde a la estrategia del banco central de acumular reservas y estimular el crédito. Hace apenas un mes la tasa estaba en el 30,25 %. El riesgo es evidente: la inflación mensual volvió a superar el 3 % en marzo según estimaciones privadas, y el alza de combustibles añade más presión sobre los precios.
El contrapunto regional lo puso Colombia. El Banco de la República fue el único en subir: llevó su tasa del 10,25 % al 11,25 %, en respuesta a una inflación que repuntó al 5,4 % en enero y se mantuvo elevada en febrero. La decisión generó tensiones abiertas con el Gobierno, que exige una política más laxa. El banco central, por su parte, reconoció que la guerra en Oriente Medio tendrá efectos contradictorios para el país: más ingresos fiscales por el petróleo, pero también más presión inflacionaria por el encarecimiento del gas y los fertilizantes.
En el extremo opuesto de la cautela está Uruguay, que profundizó su ciclo expansivo con un recorte de 75 puntos básicos hasta el 5,75 %, acumulando una reducción de 225 puntos desde finales de 2025. La razón es inusual: una inflación interanual del 3,11 % en febrero, la más baja en casi siete décadas, que pone al banco central en la situación de evitar que los precios caigan por debajo del piso de su propio rango meta.
Perú optó por la inmovilidad. Mantuvo su tasa en el 4,25 % por séptimo mes consecutivo, apuntando a sostener la inflación cerca del 2 %, aunque la volatilidad cambiaria en plena campaña presidencial y el alza del petróleo añaden incertidumbre al escenario. Chile hizo lo mismo —tasa fija en el 4,5 %— pero con una advertencia: las expectativas de inflación a corto plazo ya subieron de manera relevante, situándose cerca del 4 % anual para el segundo trimestre. El banco central estima que estos efectos se diluirán si no hay nuevos shocks, y reafirma su meta de volver al 3 % en dos años.
En Centroamérica el panorama está condicionado por la dolarización y la exposición directa a los precios internacionales. Panamá, sin banco central propio, sigue los movimientos de la Reserva Federal: el combustible ya superó los cuatro dólares por galón y presiona el transporte y los costos internos. Costa Rica mantiene su tasa en el 3,25 % pese a acumular treinta y seis meses de inflación negativa, mientras Guatemala la dejó en el 3,50 % con una inflación controlada del 1,56 % y perspectivas de crecimiento que pueden llegar al 5,1 %.
Bolivia es quizás el caso de mayor vulnerabilidad. Con una inflación que superó el 20 % en 2025 y que se prevé mantendrá dos dígitos durante 2026, el alza del petróleo podría forzar una suba de tasas que frenaría aún más una economía ya bajo presión.
El primer trimestre dejó una conclusión clara: América Latina no tiene una respuesta colectiva para este ciclo.
