El primero de enero de 2026 no fue una fecha más en el calendario del comercio internacional. Ese día entró en vigor plena el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea, conocido como CBAM por sus siglas en inglés, y con él se consolidó un principio que venía incubándose durante años: el contenido de carbono de los productos que cruzan fronteras tiene, desde ahora, un costo financiero directo. Para América Latina, región cuyas economías dependen en buena medida de la exportación de materias primas y manufacturas básicas, las consecuencias apenas empiezan a hacerse visibles.
El mecanismo obliga a los importadores europeos a adquirir certificados de emisiones proporcionales a la huella de carbono de ciertos bienes: aluminio, acero, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. El valor de esos certificados sigue las fluctuaciones del mercado europeo de emisiones, que en los últimos meses osciló entre 60 y 80 euros por tonelada. En su primera semana de vigencia, el sistema ya procesó más de 10.400 declaraciones aduaneras que cubrieron cerca de 1,65 millones de toneladas de mercancías. La maquinaria regulatoria no espera.
América Latina llega a este nuevo escenario con una exposición estructural evidente. La región es exportadora neta de productos con alta intensidad de carbono provenientes de la minería, la siderurgia y la industria agroquímica, pero carece de sistemas domésticos de precio al carbono suficientemente robustos como para que sus exportadores acrediten descuentos frente a las exigencias europeas. Brasil avanza en la construcción de un mercado de carbono propio.
México sostiene un programa piloto de alcance acotado. Chile aplica un impuesto de cinco dólares por tonelada, cifra modesta frente a los estándares europeos. Perú, Colombia y Argentina, por su parte, aún no cuentan con instrumentos aplicables a sus sectores industriales de exportación. Cada tonelada que sale de la región hacia Europa sin un precio de carbono local acreditable paga el costo íntegro de la tarifa europea. En términos prácticos, esos recursos terminan siendo recaudados por las haciendas de Bruselas o Londres en lugar de los fiscos latinoamericanos.
El problema se amplifica al considerar que Europa no actuará sola. El Reino Unido tiene previsto implementar su propio mecanismo de ajuste en frontera el primero de enero de 2027. Australia analiza medidas similares para el cemento. Canadá, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur se encuentran en distintas etapas de diseño normativo. En conjunto, las economías que ya aplican o estudian estos mecanismos representan alrededor del 60% del producto bruto mundial. Para los países latinoamericanos, esto significa que sus principales destinos de exportación irán condicionando el acceso al mercado según el contenido de carbono de los bienes. No es un fenómeno aislado sino un bloque regulatorio que cubrirá la mayor parte de la demanda global de productos industriales básicos.
La dimensión geopolítica agrega otra capa de complejidad. En octubre de 2025, la administración de Donald Trump emitió advertencias sobre posibles aranceles y sanciones contra países que respaldan el marco de cero emisiones netas propuesto por la Organización Marítima Internacional, el cual busca establecer el primer precio global de carbono para el transporte marítimo. Aunque la decisión se postergó, el resultado es relevante para la región: si ese marco entra en vigor, el costo de los fletes incorporará el factor carbono, con impacto directo sobre la competitividad de las exportaciones latinoamericanas.
En noviembre de 2025, la COP30 celebrada en Belém marcó un punto de inflexión al integrar formalmente la agenda comercial en las negociaciones climáticas multilaterales. Bajo la presidencia de Brasil se lanzó el Foro Integrado sobre Cambio Climático y Comercio, y economías emergentes como India, Sudáfrica y China lograron instalar el debate sobre las medidas comerciales unilaterales en un espacio de diálogo anual sin precedentes. El mensaje quedó claro: la agenda climática define hoy el acceso a mercados y las reglas de competitividad global.
Las matrices energéticas de Uruguay, Brasil, Costa Rica, Chile y Colombia tienen más del 60% de generación renovable, lo que en principio permite producir bienes con una huella de carbono menor a la de competidores de Asia o Medio Oriente. Pero esa ventaja no se convierte en beneficio económico de forma automática. Para que los exportadores puedan acreditar ante los mecanismos de ajuste en frontera, necesitan infraestructura de medición, reporte y verificación que cumpla con los estándares internacionales. Sin datos certificados, los valores por defecto que aplican los sistemas europeos son punitivos. La convergencia entre clima y comercio ya es una realidad operativa. Los países que se anticipen con instrumentos domésticos de precio al carbono y con capacidad de verificación traducirán esa ventaja energética en competitividad exportadora. Los que no lo hagan financiarán, involuntariamente, los ingresos fiscales de otras regiones.
