El 17 de enero de 2026 pasó a la historia como el día en que el océano dejó de ser tierra de nadie. Entró oficialmente en vigor el Tratado de Alta Mar, el primer acuerdo internacional con fuerza legal diseñado para proteger la vida marina más allá de donde termina la soberanía de los países. Un paso gigantesco para un espacio que, aunque cubre la mayor parte del planeta, ha permanecido durante décadas en un limbo jurídico preocupante.
El gran olvidado del planeta
Los océanos ocupan el 71% de la superficie terrestre y producen más de la mitad del oxígeno que respiramos, según ONU Medio Ambiente. Absorben un cuarto del dióxido de carbono que emitimos y capturan más del 90% del calor excedente del cambio climático. Son, sin exagerar, el termostato del planeta.
Pero aquí viene la paradoja: casi dos tercios de ese océano mundial se extienden fuera del control de cualquier nación. Estas zonas, llamadas alta mar, representan el 64% de la superficie oceánica y el 43% de toda la Tierra. Hasta ahora, no existía ningún marco legal robusto para proteger su biodiversidad.
El resultado es desolador: apenas el 8% del océano global está protegido actualmente, según Naciones Unidas, y la inmensa mayoría de esas áreas están dentro de aguas territoriales. La alta mar, con sus ecosistemas únicos, rutas migratorias críticas y recursos estratégicos, ha quedado prácticamente abandonada a su suerte.
Dos décadas de negociación para llegar hasta aquí
El Tratado de Alta Mar —cuyo nombre oficial es tan largo como su proceso de negociación: Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas situadas fuera de la Jurisdicción Nacional— se gestó bajo el paraguas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las conversaciones formales arrancaron en 2017, pero el debate internacional venía arrastrándose desde hacía casi 20 años. El texto final se aprobó por consenso en junio de 2023. Para que entrara en vigor hacían falta al menos 60 países que lo ratificaran, un umbral que se cruzó en septiembre de 2025, activando la cuenta regresiva legal.
¿Quién está dentro y quién se queda afuera?
El tratado no toca la soberanía que cada país tiene sobre sus propias aguas. Se aplica exclusivamente en alta mar, y solo obliga legalmente a quienes lo han ratificado.
A enero de 2026, todos los miembros de la Unión Europea, incluida España, ya lo han firmado y ratificado. También lo hicieron numerosos países de América Latina, África, pequeños Estados insulares particularmente vulnerables al deterioro oceánico, y China. Algunas potencias marítimas importantes han firmado pero aún no ratificado: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, India, Rusia. Otros directamente ni siquiera han firmado, quedando completamente al margen. Esta adhesión desigual condiciona, claro, el alcance real del tratado en esta primera etapa.
¿Qué cambia desde hoy?
Por primera vez a escala global, el tratado habilita:
Crear áreas marinas protegidas en alta mar, con fundamento científico y respaldo jurídico internacional.
Exigir evaluaciones de impacto ambiental para actividades humanas en aguas internacionales, desde la pesca industrial hasta la investigación biotecnológica.
Regular el acceso a recursos genéticos marinos, asegurando un reparto más equitativo de los beneficios que genere su explotación.
Impulsar la cooperación científica y transferencia de tecnología, especialmente hacia países con menos capacidad técnica.
Según la Comisión Europea y Naciones Unidas, este nuevo marco introduce una gobernanza oceánica basada en evidencia científica, alineada con los compromisos internacionales de biodiversidad.
La pieza que faltaba para el 30×30
El tratado es fundamental para alcanzar el objetivo global 30×30, acordado en el Marco de Biodiversidad de Kunming-Montreal: proteger al menos el 30% de los océanos para 2030.
Sin un instrumento legal que funcione en alta mar, esa meta era simplemente imposible. Los datos de la FAO subrayan la urgencia: más del 35% de las poblaciones de peces del mundo están sobreexplotadas.
El tablero geopolítico también se mueve
Más allá de su dimensión ambiental, este tratado tiene un peso geopolítico considerable. Por primera vez, los Estados aceptan limitar colectivamente su libertad de acción en alta mar, un espacio históricamente vinculado a intereses estratégicos, comerciales y de seguridad.
La ausencia (por ahora) de algunas grandes potencias marítimas plantea problemas reales: reduce la eficacia global del acuerdo, complica la vigilancia y puede generar desequilibrios regulatorios, donde unos asumen obligaciones estrictas mientras otros operan con menos ataduras.
En un contexto de creciente competencia por recursos marinos, rutas estratégicas y tecnologías oceánicas, esta falta de adhesión plena puede trasladar tensiones geopolíticas al océano y debilitar la gobernanza multilateral.
Aun así, Naciones Unidas y la Unión Europea sostienen que el tratado establece un nuevo estándar internacional, capaz de influir progresivamente incluso en países que todavía no forman parte de él.
El tratado no es una solución mágica. El texto prevé la celebración de una primera Conferencia de las Partes en el plazo máximo de un año, donde se definirán los mecanismos operativos y de cumplimiento concretos.
