Durante décadas, las sanciones económicas fueron el instrumento favorito de la política exterior estadounidense. Congelar reservas, cortar el acceso al sistema financiero internacional, bloquear exportaciones clave: Washington perfeccionó estas herramientas hasta convertirlas en un arma de precisión capaz de doblegar regímenes, castigar adversarios y disciplinar aliados. La hegemonía del dólar y el control sobre las redes de pagos globales le daban a Estados Unidos una ventaja estructural que parecía imposible de replicar.
Esa era está llegando a su fin.
No es que las sanciones hayan dejado de funcionar. Es que el mundo aprendió a vivir con ellas —y, en algunos casos, a revertirlas. Irán, bajo presión máxima desde 2018, construyó circuitos alternativos de comercio y financiamiento que le permiten vender petróleo a pesar de los bloqueos. China, convertida en el mayor socio comercial de buena parte del planeta, dispone hoy de herramientas propias de coerción económica: puede restringir exportaciones de minerales críticos, aplicar sanciones informales a empresas extranjeras o cortar el suministro de componentes manufacturados sin los cuales muchas economías occidentales simplemente no funcionan.
El caso iraní es ilustrativo. Después de que la administración Trump abandonó el acuerdo nuclear en 2018 y reimplantó sanciones, Teherán no colapsó como muchos analistas anticipaban. En cambio, diversificó sus exportaciones hacia China e India, adoptó sistemas de trueque y criptomonedas para evadir el sistema SWIFT, y fortaleció una economía de resistencia que, aunque ineficiente, resultó lo suficientemente robusta como para sobrevivir. Las sanciones dañaron a la población iraní, sí; pero no lograron cambiar el comportamiento del régimen.
El caso chino es aún más revelador, porque China no es un país que reacciona a las sanciones: es un país que las aplica. Cuando Australia pidió una investigación sobre el origen del COVID-19 en 2020, Pekín respondió con restricciones informales sobre vino, cebada, carbón y carne australiana. Cuando Lituania permitió que Taiwán abriera una representación diplomática, China presionó a empresas europeas que operaban en su mercado para que cortaran lazos con ese país. Cuando el Congreso estadounidense aprobó la Ley de Chips en 2022, Pekín restringió exportaciones de galio y germanio, dos minerales esenciales para la industria de semiconductores.
Esta capacidad de contraataque no existía hace veinte años, o existía en forma demasiado embrionaria como para ser relevante. Hoy es una realidad estructural.
El problema para Washington no es solo que sus adversarios hayan aprendido a defenderse. Es que la propia eficacia de las sanciones como instrumento ha generado incentivos para construir alternativas al sistema financiero dominado por el dólar. El yuan chino sigue siendo una moneda de alcance limitado, pero la proporción de comercio global liquidada en dólares está disminuyendo lentamente.
El dólar sigue siendo la moneda de reserva dominante, y su reemplazo requeriría décadas de transformaciones institucionales que hoy no tienen ni la velocidad ni la coordinación necesarias. Pero sí significa que el margen de maniobra de Estados Unidos se está reduciendo, que cada ronda de sanciones genera fricciones con aliados preocupados por el uso excesivo de este instrumento, y que los adversarios de Washington disponen de herramientas de respuesta que antes no tenían.
La guerra económica, en síntesis, dejó de ser un monopolio. Bienvenidos a un mundo donde la coerción económica es multilateral —y donde nadie, ni siquiera la mayor potencia del planeta, puede ejercerla sin costos.
