La Asamblea Nacional de Corea del Sur aprobó este jueves un proyecto de ley especial para crear una corporación estatal encargada de gestionar el ambicioso compromiso de inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl asumió ante Washington el año pasado. La norma, respaldada de forma transversal por el gobernante Partido Democrático y la principal fuerza opositora, el Partido del Poder Popular, fue adoptada con 226 votos a favor y apenas 8 en contra.
El paquete de inversión se divide en dos grandes componentes: 200.000 millones de dólares destinados a sectores estratégicos como semiconductores y otras industrias de alta tecnología en suelo estadounidense, y otros 150.000 millones orientados a la cooperación en el sector de la construcción naval. Para salvaguardar las reservas de divisas del país, el acuerdo fija un tope de 20.000 millones de dólares anuales en desembolsos.
La nueva entidad pública, que contará con una plantilla de cincuenta empleados y un capital inicial de dos billones de wones (aproximadamente 1.360 millones de dólares) aportados íntegramente por el gobierno, tendrá por misión evaluar proyectos de inversión y coordinar las gestiones con las autoridades comerciales de ambos países. La legislación establece además que tres de sus directivos deberán acreditar al menos diez años de experiencia en el sector financiero o en industrias estratégicas, con el fin de evitar designaciones por afinidad política.
El acuerdo marco fue cerrado en noviembre de 2025, tras meses de tensa negociación y después de que una cumbre celebrada en octubre entre el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario surcoreano Lee Jae-myung desbloqueara el proceso. A cambio de los compromisos de inversión, Washington aceptó reducir los aranceles recíprocos sobre los productos surcoreanos del 25% al 15%. Sin embargo, a comienzos de este año Trump amenazó con restablecer la tarifa más elevada si Seúl no avanzaba con celeridad en la aprobación legislativa, lo que acrecentó la presión sobre los partidos de oposición que habían demorado el trámite parlamentario.
La aprobación de la ley coincidió con una nueva ofensiva comercial de la administración Trump: el mismo día, el Representante Comercial de Estados Unidos anunció la apertura de investigaciones en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio contra dieciséis países, entre ellos Corea del Sur y Japón. Este mecanismo legal faculta a Washington para imponer aranceles a naciones que incurran en prácticas comerciales consideradas desleales, lo que pone de manifiesto la fragilidad de la posición negociadora de Seúl incluso después de aprobar el paquete de inversión.
A pesar del amplio respaldo parlamentario, el proyecto no estuvo exento de críticas. Algunos legisladores advirtieron que el acuerdo sitúa a Corea del Sur en una posición de excesiva dependencia respecto de los dictados de la política industrial estadounidense, con escasa capacidad de supervisión por parte de la Asamblea Nacional. La legislación establece, no obstante, una cláusula de reciprocidad: Estados Unidos deberá dar preferencia a empresas surcoreanas en la selección de proveedores y contratistas para los proyectos financiados con estos fondos.
Analistas señalan que la ejecución efectiva del plan dependerá también de la estabilidad del won frente al dólar, dado que las transferencias anuales de capital están condicionadas al tipo de cambio. Si la moneda surcoreana se debilita de manera significativa, el gobierno deberá priorizar la estabilización cambiaria antes de iniciar los desembolsos, lo que podría retrasar el cronograma acordado con Washington. El plazo establecido para la selección de los proyectos que recibirán los 200.000 millones de dólares se extiende hasta enero de 2029, fecha en que concluye el actual mandato presidencial de Trump.
En declaraciones tras la votación, el presidente Lee Jae-myung subrayó que su gobierno procederá de inmediato con las medidas de implementación y aseguró que la inversión estratégica contribuirá al desarrollo económico de ambas naciones. La aprobación de la ley despeja el principal obstáculo legal para poner en marcha uno de los compromisos de inversión bilateral más cuantiosos de la historia reciente en el Indo-Pacífico.
