El Gobierno de Gustavo Petro firmó el Decreto 0264 de 2026, que impone un gravamen del 35% —el máximo permitido por la normativa vigente— a las importaciones de 14 categorías de productos siderúrgicos y metalmecánicos provenientes de países con los que el país no tiene acuerdos comerciales. La medida apunta directamente a China, Rusia, Turquía e India, y dejó fuera a los socios con tratados de libre comercio vigentes: Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido y la Unión Europea.
El decreto fue suscrito por el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales Rojas, y entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Diario Oficial. Entre enero y agosto de 2025, algunas subpartidas registraron crecimientos superiores al 290% frente al mismo periodo del año anterior, con valores que mostraban una tendencia decreciente.
En términos concretos, durante todo 2025 Colombia importó 134.928 toneladas de acero por un valor cercano a los 124,6 millones de dólares, con China como principal origen.
El argumento oficial es claro: las empresas siderúrgicas nacionales no pueden competir con los precios del acero chino, que llegan hasta un 42% por debajo del mercado. El Gobierno encuadra la decisión dentro de su política de reindustrialización, con el objetivo de reducir la dependencia del petróleo y el carbón e impulsar la producción local. El sector siderúrgico representa cerca del 10% del PIB industrial, genera alrededor de 45.000 empleos y articula una red de más de 25.000 proveedores. Además, el sector recicla más de 1,2 millones de toneladas de chatarra al año.
Colombia no actúa en soledad. Cerca de 40 países han establecido ya más de 200 medidas similares contra la importación de bienes metálicos, como respuesta a la sobreproducción global y a los mecanismos que distorsionan estructuralmente los precios del acero. El país antes del decreto aplicaba aranceles de entre el 0% y el 10% a estos productos, por lo que el salto al 35% marca un giro proteccionista significativo en su política comercial.
La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) advirtió que el hierro y el acero representan cerca del 16,3% de los costos directos de construcción, de modo que el nuevo arancel elevaría esos costos en torno a un 3,9%, presionando el precio final de la vivienda en aproximadamente un 2,2%. El presidente de Camacol, Guillermo Herrera, fue directo: «¿Cómo espera el Gobierno que bajen los precios de la vivienda si al mismo tiempo encarece su producción?» El gremio, que representa a más de 150 empresas del rubro, anunció que estudia acciones legales y pidió al Ejecutivo revisar la decisión.
El decreto tiene una vigencia inicial de un año. Una vez cumplido ese plazo, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior deberá evaluar su impacto y determinar si la medida se mantiene, se modifica o se elimina.
Por ahora, el Gobierno apuesta a que el espacio que dejen las importaciones chinas será ocupado por la industria local, que hoy opera con una capacidad instalada de 2,6 millones de toneladas anuales pero produce apenas 1,6 millones. Si ese margen se activa, la apuesta tiene sentido. Si no, el costo lo pagará quien compre una casa.
