Los países de América Latina han convivido durante décadas con una queja recurrente: la indiferencia de su poderoso vecino del norte. Pero la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de Donald Trump para 2025 podría hacerlos reconsiderar si el olvido no era, después de todo, preferible. El documento coloca a la región en el centro de una política exterior agresiva y sin eufemismos. Lo que generó menos titulares es que China publicó, casi en simultáneo, su propio marco estratégico para América Latina y el Caribe. Leídos en conjunto, ambos textos revelan una disputa de fondo por influencia regional, con métodos distintos pero una misma ambición: el predominio económico.
Dos estilos, una misma ambición
El documento chino sorprende por su tono: se parece más a las políticas estadounidenses del siglo XX que a lo que cabría esperar de Pekín. Evoca la «Política de Buena Vecindad» de Franklin Roosevelt y la «Alianza para el Progreso» de John Kennedy, con énfasis en asociaciones de beneficio mutuo, respeto por la soberanía y cooperación en infraestructura, energías renovables y minerales críticos. No es solo retórica: proyectos concretos respaldan ese discurso. La inversión de 1.300 millones de dólares en el Puerto de Chancay, en Perú —operado parcialmente por la naviera estatal Cosco—, y los 1.900 millones comprometidos en litio boliviano ilustran una estrategia de largo aliento que apuesta por posicionarse en sectores estratégicos antes de que Washington reaccione.
La ESN estadounidense adopta un registro completamente diferente. En lugar de asociación, habla de dominación. Reactualiza el «Corolario Roosevelt» de 1904 —la doctrina que justificó intervenciones militares directas en Cuba, Haití, Nicaragua, Honduras y Panamá durante el siglo pasado— y lo reformula para el siglo XXI con nuevas herramientas: sanciones económicas aplicadas recientemente a Brasil, presión diplomática que logró desplazar a una empresa china del Canal de Panamá, cooperación militar en el Caribe y mecanismos de control de inversiones para frenar la presencia de Pekín y Moscú en la región. El mensaje de la ESN es tan explícito como contundente: cualquier ayuda, alianza o acuerdo quedará condicionado a que los países beneficiarios reduzcan la influencia de sus rivales geopolíticos.
Coerción abierta vs. coerción encubierta
La diferencia de estilo no implica que China sea un actor inocuo. Su estrategia de influencia descansa en financiamiento estatal dirigido, empresas públicas con mandato geopolítico y una política formal de «no interferencia» que, en la práctica, le permite expandir su peso de manera silenciosa y sostenida. El caso peruano desnudó los límites de ese discurso: el escándalo conocido como «Chifa-gate» —una red de sobornos orquestada por compañías chinas para obtener contratos de infraestructura, concesiones energéticas y fallos judiciales favorables— terminó con la destitución del presidente José Jerí en febrero de 2026. La influencia, en este caso, no llegó con tanques sino con maletines.
América Latina se encuentra así atrapada entre dos modelos de presión: uno que no disimula su carácter coercitivo y otro que lo envuelve en el lenguaje de la cooperación Sur-Sur. Algunos gobiernos de la región intentan ampliar sus márgenes de maniobra buscando una tercera vía. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, firmado el año pasado tras décadas de negociaciones, es la señal más clara de ese impulso diversificador. Pero las opciones se estrechan a medida que la rivalidad entre Washington y Pekín se intensifica. Quedar atrapados en ese fuego cruzado no es un riesgo hipotético: para varios países de la región, ya es una realidad cotidiana.
