El gobierno federal alemán bloqueó la adquisición de la mayoría accionaria de Konrad Zippel Spediteur, una empresa logística con sede en Hamburgo, por parte del grupo estatal chino Cosco Shipping. La naviera, una de las mayores del mundo por volumen transportado, buscaba quedarse con el 80% del capital de la compañía. El veto se fundamentó en motivos de seguridad nacional y orden público, la figura que la legislación alemana de comercio exterior habilita para frenar inversiones de países no comunitarios en sectores sensibles.
Según un documento interno del gobierno con clasificación de uso oficial restringido, revelado a fines de septiembre por la prensa económica alemana, la operación habría creado dependencias estratégicas que Pekín podría utilizar como palanca ante eventuales crisis políticas. El Ministerio Federal de Economía, a cargo de Katherina Reiche, condujo el procedimiento de control de inversiones; la prohibición formal requiere el aval del gabinete en pleno.
Aprobada por competencia, frenada por seguridad
El caso tuvo un recorrido en dos carriles. En febrero, la Oficina Federal de Defensa de la Competencia (Bundeskartellamt) autorizó la compra al considerar que no afectaba la competencia, y aclaró que las cuestiones de seguridad nacional quedaban fuera de su órbita. A fines de abril trascendió que la Oficina Federal de Protección de la Constitución, el servicio de inteligencia interior, había presentado objeciones por escrito, advirtiendo sobre el carácter acumulativo de las adquisiciones de Cosco en Alemania y en el resto de la Unión Europea.
En junio, la propia gerencia de Zippel reconoció que la revisión oficial se concentraba, entre otros puntos, en los sistemas informáticos de la empresa y en si estos manejaban datos sensibles sobre cargas y cadenas de suministro. Tras conocerse la decisión, la compañía se limitó a señalar que había tomado nota, que su operación continúa sin cambios y que cualquier consulta sobre los pasos siguientes debía dirigirse a Cosco, como solicitante del trámite. La naviera, por su parte, evitó pronunciarse hasta recibir la notificación definitiva.
Por qué Zippel importa
Fundada en 1876 y con alrededor de 350 empleados, Zippel organiza el traslado de contenedores que llegan a los puertos de Hamburgo y Bremerhaven hacia destinos del interior, combinando tren, barcazas fluviales y camiones. Es un eslabón poco visible pero decisivo del llamado transporte de hinterland: el tramo que conecta el muelle con fábricas, centros de distribución y mercados de Europa central.
Para Berlín, el problema no era el tamaño de la empresa sino su posición en la cadena. Cosco ya domina el tramo marítimo y tiene presencia en terminales portuarias; sumar el control de la logística terrestre le habría permitido integrar el recorrido completo de la carga, desde el buque hasta la puerta del cliente, con acceso a información detallada sobre flujos comerciales de la industria alemana.
El antecedente de Tollerort
La decisión contrasta con el desenlace de la disputa anterior. En octubre de 2022, el gabinete del entonces canciller Olaf Scholz dispuso una prohibición parcial sobre el ingreso de Cosco a la terminal de contenedores Tollerort, operada por la logística portuaria hamburguesa HHLA: en lugar del 35% pactado, la naviera solo pudo adquirir una participación por debajo del 25%, sin derechos de veto ni capacidad de designar directivos. La operación, cerrada en 2023 con un 24,99%, dividió a la coalición de gobierno y fue presentada como una inversión meramente financiera.
En aquel momento, el puerto y la alcaldía de Hamburgo argumentaron que rechazar a Cosco implicaría una desventaja frente a Róterdam y Amberes, donde la naviera ya tenía participaciones, y recordaron que cerca de un tercio de la carga del puerto tiene como origen o destino China. Ese argumento no alcanzó esta vez: el actual gobierno optó por una línea más restrictiva, en sintonía con la creciente preocupación europea por la exposición de su infraestructura crítica.
Europa revisa su exposición logística
El caso se inscribe en una tendencia más amplia. Los gobiernos europeos observan con creciente recelo las inversiones de empresas estatales chinas en transporte y logística, por el temor a que habiliten acceso a información sensible sobre cadenas de suministro y generen dependencias difíciles de revertir. En el Bundestag, la oposición verde ya había planteado en abril si empresas como Zippel deberían ser consideradas infraestructura crítica en el marco de la transposición de las directivas europeas NIS-2 y de resiliencia de entidades críticas.
Para Cosco, el veto supone un freno a su estrategia de integración vertical en Europa, donde mantiene participaciones en terminales de varios países, incluida la mayoría del puerto griego del Pireo desde 2016. Para Alemania, en cambio, el expediente Zippel funciona como señal: el control de inversiones ya no se limita a puertos y terminales, sino que alcanza también a la logística terrestre que los conecta con la economía real.
Una lectura desde América Latina
La discusión tiene eco en la región, donde Cosco Shipping Ports opera el puerto peruano de Chancay y avanza en su expansión. Mientras Europa redefine qué activos logísticos considera estratégicos, los países latinoamericanos enfrentan un dilema similar: cómo captar inversión en infraestructura sin resignar control sobre la información y los nodos que sostienen su comercio exterior.
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