La batalla arancelaria en Estados Unidos se libra ahora en los juzgados. Mientras la administración Trump activa un nuevo gravamen temporal del 15% al amparo de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, casi 2.000 importadores mantienen demandas activas ante el Tribunal de Comercio Internacional con un objetivo claro: asegurar eventuales reembolsos sobre derechos ya abonados. El escenario redefine sustancialmente los costos de importación, especialmente para bienes de origen chino, y abre una nueva fase de volatilidad para la logística y el transporte de carga en el país.
Una carrera preventiva hacia los tribunales
Más de 1.500 empresas habían presentado demandas antes del fallo judicial, cifra que trepó a casi 2.000 al momento de la resolución. Entre los primeros en accionar estuvieron Costco —que se anticipó en noviembre de 2025 ante el vencimiento del plazo de liquidación—, junto a Revlon, Essilor Luxottica, Kawasaki, Bumble Bee Foods y Prada. La urgencia tiene una explicación técnica: una vez pagados los derechos estimados, Aduanas dispone de 314 días para liquidar cada importación y fijar el monto definitivo. Ese valor queda firme salvo que el importador presente una protesta formal o logre una suspensión judicial a tiempo.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, minimizó el impacto al asegurar que los reembolsos «no serán un problema» si llegan a concretarse. Sin embargo, TD Securities estima que el proceso podría extenderse entre 12 y 18 meses, plazo que según abogados especializados podría dilatarse aún más. Quienes no interpusieron acciones preventivas enfrentan hoy una posición claramente desventajosa.
El reloj de 150 días y su peso político
La Casa Blanca justificó la proclamación de la Sección 122 en la existencia de «problemas fundamentales de pagos internacionales». Esta disposición otorga al Presidente la facultad de imponer aranceles temporales para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, pero con límites concretos: el recargo no puede superar el 15% y su vigencia máxima es de 150 días, salvo que el Congreso decida extenderlo.
El vencimiento del plazo el 24 de julio de 2026 no es políticamente neutral: cae a pocos meses de las elecciones de medio término, lo que convierte al calendario arancelario en una variable política de primer orden. Craig Fuller, CEO de FreightWays, anticipó que la medida podría desencadenar un fuerte aumento de importaciones y reactivar tanto la actividad portuaria como el transporte transfronterizo. Fuller había señalado previamente que las Secciones 122 y 338 de la Ley Arancelaria de 1930 ofrecían a la administración herramientas más acotadas y previsibles que las amplias facultades del IEEPA.
Qué cambia, qué permanece y qué queda exento
La nueva estructura arancelaria introduce cambios de fondo. Las importaciones chinas que tributaban al 145% bajo el IEEPA pasan ahora al 15% de la Sección 122, más los aranceles vigentes bajo la Sección 232 donde corresponda. Para los productos no alcanzados por esta última, la reducción resulta significativa.
Las exenciones son amplias y estratégicas. Quedan fuera del nuevo gravamen los bienes que cumplen con el USMCA provenientes de Canadá y México, determinados minerales críticos, productos energéticos, farmacéuticos, aeroespaciales y algunos electrónicos. Los camiones pesados y autobuses —ya gravados con un 25% bajo la Sección 232 desde noviembre de 2025— quedan completamente exceptuados. Los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo esa misma sección se mantienen plenamente vigentes. También se excluyen los textiles y prendas de países CAFTA-DR con acceso libre de aranceles.
Una tregua, no una solución
La Casa Blanca fue explícita: el arancel de la Sección 122 es transitorio. La estrategia de fondo apunta a ampliar las investigaciones bajo la Sección 232 y activar nuevas acciones en el marco de la Sección 301. Según Jason Miller, la administración podría recurrir a mecanismos alternativos para replicar los efectos que antes generaban el IEEPA y la Sección 232, mientras la Oficina del Representante Comercial (USTR) avanza en investigaciones formales por prácticas comerciales consideradas irrazonables.
Para la industria logística, la incertidumbre no se disipó. Los aranceles cambiaron abruptamente y los vigentes expiran en julio, sujetos a decisiones del Congreso, procesos judiciales en curso y un Tribunal de Comercio Internacional que debe resolver reclamos por 175.000 millones de dólares. El fallo estableció un límite constitucional y un plazo definido, pero no alcanzó para despejar la volatilidad que sigue tensando la cadena logística estadounidense.
